“Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo” (Peter Bamm)
Podemos observar cómo cada vez más organizaciones definen en sus Códigos Éticos como principios o valores rectores la contribución y desarrollo de las sociedades o comunidades locales con las que interactúan.
En este contexto, las acciones de responsabilidad social corporativa o RSC se configuran como una de las principales herramientas de las organizaciones para, además de potenciar la imagen de marca, contribuir al desarrollo y mejora de las sociedades en las que realizan sus actividades de negocio.
Las actividades de patrocinio se configuran como una de las herramientas disponibles por las organizaciones para el desarrollo de acciones de RSC, mediante las cuales contribuir e impulsar actividades y eventos culturales, deportivos, lúdicos y/o sociales en aquellas comunidades donde han desarrollado actividades de negocio.
Sin embargo, este tipo de acciones pueden suponer también un importante riesgo desde una perspectiva de Compliance para las empresas que las realizan.
Todo patrocinio lleva aparejado el riesgo inherente de que dichos pagos / bienes sean realizados para camuflar actos de corrupción dirigidos a partidos políticos, funcionarios o personas del sector privado con el objetivo de obtener alguna ventaja o beneficio indebido.
