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Directiva de Protección a los Denunciantes

1. Objetivos

La Directiva (Directiva “whistleblowing”) tiene como objetivos principales la regulación y armonización de:

➜ la protección ofrecida a aquellas personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión

➜ la obligación de establecer canales de denuncia (*) por parte de personas jurídicas que superen los 50 empleados

(*)Se regulan aspectos sobre las características que deben cumplir estos canales

2. Asuntos objeto de denuncia

La Directiva establece la regulación para la denuncia a través de canales internos y externos de acciones u omisiones relacionadas con los siguientes ámbitos, que pueden ser objeto de ampliación, en su caso, por los Estados Miembros en el momento de transponerse esta normativa:

A. Infracciones de normas europeas sobre las siguientes materias:

• Contratación pública
• Mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Seguridad de productos
• Protección del medioambiente y seguridad nuclear
• Seguridad en el transporte
• Salud pública y seguridad alimentaria
• Protección a los consumidores y de la privacidad y protección de datos personales

B. Infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea (fraude)

C. Infracciones relacionadas con el mercado interior, incluidas infracciones en materia de competencia y subvenciones e impuesto de sociedades

3. Medidas de Protección al Denunciante

El tercer aspecto fundamental de la Directiva es establecer que los Estados Miembros deban incorporar a sus derechos las siguientes garantías a los denunciantes:

➜ Protección ante cualquier tipo de represalia. Entre las posibles represalias se encuentran: despido, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, intimidación, daño reputacional o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, entre otros.

➜ Medidas de apoyo. incluyendo información y asesoramiento integral independiente al denunciante.

Transposición en España y en el resto de Estados Miembros*

La Directiva daba de plazo a los Estados Miembros para su transposición hasta el 17 de diciembre de 2021.

• En España se encuentra pendiente de trámite parlamentario el Anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno el 4 de marzo de 2022 (*)

• Del resto de Estados Miembros de la Unión Europea (26), solo 9 han realizado la transposición

(*) De acuerdo con el Anteproyecto, las multas por incumplimiento de esta normativa pueden alcanzar 1.000.000 euros.