Desde que David Ricardo formulara su teoría de la ventaja comparativa, existe un amplio consenso sobre los beneficios que conlleva el libre comercio. La idea consiste en que cada país debe centrar sus esfuerzos en producir aquellos bienes o servicios en los que sea más eficiente, para después exportarlos. Enfocándose en aquellos sectores en los que cuenta con mayor experiencia y capacidades de éxito, el estado obtendrá mayores beneficios, lo que a su vez redundará en un incremento del bienestar económico global.
Bajo esta premisa, las restricciones al comercio con la introducción de barreras y el establecimiento de aranceles suponen un empobrecimiento de los consumidores, quienes, como último eslabón de la cadena, tendrán que asumir los mayores costes derivados del proteccionismo.
A pesar de los beneficios de la liberalización del comercio, la realidad política es bien distinta. Cada país tiene sus propias preferencias e ideas respecto a cómo organizar su economía y sus políticas sociales y de redistribución. Son muchas, por tanto, las razones de peso que llevan a los estados a imponer restricciones al libre comercio.
Cómo hacerlo es lo más complicado, puesto que implica encontrar un equilibrio entre las necesidades internas y el respeto al marco normativo internacional prescrito por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El foco de la negociación en el comercio internacional se ha desplazado hacia los estándares de regulación y producción de bienes y servicios.
Negociación multilateral
Las normas del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), firmado en 1947, pusieron de manifiesto la creciente voluntad de los países de liberalizar el comercio internacional y dotarse de un conjunto de normas que regirían sus intercambios.
La fundación de la OMC en 1995 no es más que la confirmación de esta idea. Integrada hoy por alrededor de 170 países, esta institución es la encargada de establecer un marco común que los miembros integrantes deben observar en sus relaciones.
El principio clave de la OMC es el de no discriminación, en virtud del cual los estados quedan obligados a tratar de igual manera a los operadores nacionales y a los extranjeros.
Los países integrantes son libres de diseñar sus políticas internas de comercio y de establecer sus propios aranceles –forma habitual de protección económica–. No obstante, con el propósito de proporcionar seguridad jurídica y certidumbre económica, una vez fijado el arancel, los estados miembros de la OMC quedan legalmente obligados a aplicarlo a las importaciones de otros miembros de la OMC, salvo en circunstancias excepcionales.
Los aranceles siguen siendo una realidad, aunque en la actualidad son relativamente bajos, situándose la media por debajo del 3 %. Con esta disminución progresiva de las tasas, el foco de la negociación en el comercio internacional se ha desplazado hacia los estándares de regulación y producción de bienes y servicios.
Sin embargo, no es fácil que los países los adopten de forma multilateral. De hecho, cada vez más, las nuevas reglas se negocian y se establecen de forma bilateral o regional entre países con un enfoque similar, al resultar más sencillo alcanzar acuerdos. Esto implica un riesgo para el comercio internacional en términos de fragmentación y de emergencia de regímenes distintos en el panorama internacional.
Las motivaciones que existen detrás de estos acuerdos van más allá de la simple liberalización del comercio.
Acuerdos preferenciales
Si los miembros de la OMC deben cumplir el principio de no discriminación, ¿cómo se explica que prácticamente todos los países tengan firmados acuerdos comerciales más beneficiosos con determinados países?
Estos acuerdos de comercio preferencial (PTA, por sus siglas en inglés), en principio, solo son posibles de forma excepcional y deben cumplir unas condiciones. Así, no es posible liberalizar el comercio de un determinado bien, sino que el acuerdo debe englobar de forma sustancial todos los intercambios entre los países implicados. Sin embargo, en realidad, todos los estados miembros de la OMC los tienen, la mayoría de ellos tienen varios y no todos cumplen las condiciones anotadas en los acuerdos de la OMC.
Existen varios tipos de acuerdo preferencial, que van de una menor a una mayor integración económica. El primer tipo es el área de libre comercio, formada por grupos de países que acuerdan mutuamente limitar o eliminar las barreras entre ellos, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y México, partes integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El siguiente paso en la integración económica es la unión aduanera, en la que, además de liberalizar el comercio, los miembros adoptan una política comercial exterior común por la cual aplican las mismas tarifas a países terceros, al tiempo que entre ellos las eliminan. Ejemplo de ello es el MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela.
El último paso en la integración y el más profundo es el mercado común, que, además de suponer la aplicación de las mismas tarifas, permite la libertad de movimiento de los recursos, como el capital y los trabajadores, entre los países miembros. Este es el caso de la Unión Europea.
Las motivaciones que existen detrás de estos acuerdos van más allá de la simple liberalización del comercio. No en vano, se han transformado en un vehículo para las estrategias geopolíticas, que sirven especialmente a los más poderosos para conseguir una mayor influencia en ciertas regiones y lograr que sus estándares de regulación y producción se adopten internacionalmente.
A pesar de las limitaciones del marco de la OMC y de las estrategias de algunos países por acotar su capacidad de actuación, esta organización proporciona un sistema de normas aplicable por igual tanto a las grandes economías como a las pequeñas. La tendencia a abandonar las negociaciones multilaterales en favor de la bilateralidad implica un riesgo en términos no solo de fragmentación, sino también de acceso al mercado de los países más pequeños o en vías de desarrollo.
Además de este reto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la incertidumbre sobre el nuevo modelo de relaciones que se establecerá entre el Reino Unido y la Unión Europea agitan significativamente el panorama internacional.
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