Es posible que este siglo XXI sea el último para la existencia de paraísos fiscales tal como los hemos conocido hasta ahora. Según algunas teorías, sus orígenes son tan lejanos que se remontan a la Antigua Grecia, cuando algunos comerciantes evitaban llegar a los puertos mercantes para intentar así evitar pagar el impuesto por el intercambio de mercancías. Otros estudios sitúan el nacimiento de estos lugares en pleno Imperio Romano y otras en la época de colonización, cuando el mar Caribe suponía un refugio para que los piratas pudieran esconder el oro saqueado.
La conexión más fuerte con el concepto actual de paraísos fiscales se remonta a principios del siglo XIX, en el estado de Delaware (Estados Unidos). En un período de intensa crisis, la administración local aprobó una ley por la cual se permitía crear empresas con un nivel muy bajo de tributación sin la necesidad de estar constituidas por socios determinados. Por consiguiente, las empresas creadas de esta forma podían ser compradas posteriormente por cualquier persona. El alto grado de opacidad y confidencialidad en estas transferencias creó un efecto llamada en numerosas multinacionales, que decidieron instalarse allí sin ejercer ningún tipo de actividad, beneficiándose de las ventajas fiscales de Delaware.
Sin duda, esta región se había convertido en un auténtico tax haven, es decir, un refugio fiscal para muchas organizaciones. He ahí la procedencia del término, si bien los franceses hicieron una mala traducción del concepto, sustituyendo haven por heaven. A pesar de esta traducción errónea, el término se mantuvo: paraíso fiscal.
A pesar de que todavía quedan resquicios para hacer viajar los beneficios a países de mínima o nula tributación, existe una concienciación del sector público y del privado para terminar con este tipo de prácticas.
Listas negras y persecución institucional
Las economías avanzadas del mundo, ante la evidente pérdida de riqueza e ingresos fiscales provocada por las estrategias que incluyen paraísos fiscales, han comenzado a implementar una ofensiva contra estas prácticas, tanto por razones éticas como por razones lógicas. La elaboración de listas negras y normativas ha sido una constante en las últimas décadas. Ayudaron mucho en esa lucha ejemplos tan mediáticos como los papeles de Panamá o el caso Nike y las sociedades offshore de Bermudas, así como las sociedades de Cristiano Ronaldo en las Islas Vírgenes Británicas para acomodar los beneficios de sus derechos de imagen.
El alcance global de esta iniciativa es muy positivo. En ese sentido, como parte de su proyecto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redactó un plan de acción de quince puntos para ayudar a los gobiernos a evitar el traslado artificial de beneficios a lugares de conveniencia. En Estados Unidos, siguiendo la línea de la Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE, Ley de Incentivos a la Contratación para Restaurar el Empleo), el Congreso estadounidense también promulgó la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) en 2010, que establece un intercambio automático y la transferencia de información de ciudadanos estadounidenses con activos financieros en el extranjero. Esta ley está considerada una de las medidas más contundentes contra la evasión fiscal tomada hasta la fecha por cualquier gobierno y su efectividad se aseguró con la firma de más de cien acuerdos intergubernamentales entre Estados Unidos y otras jurisdicciones. Posteriormente, la Unión Europea aprobó la Directiva UE 2016/1164, la cual recoge muchas de esas sugerencias y las implementa como normas.
Entre medias, mecanismos como el Common Reporting Standard (CRS), el intercambio automático de información financiera, los precios de transferencias, las exigencias a las entidades financieras y los controles sobre los beneficial owners (testaferros), junto con otras operaciones vinculadas, han servido para estrechar aún más el cerco a evasores tanto particulares como jurídicos.
Desde una perspectiva local, España –y la mayoría de los países de la Unión Europea– creció como un pionero en la lucha contra la evasión fiscal, siguiendo las sugerencias de la OCDE mencionadas anteriormente, ya que varias directivas de la Unión Europea incorporaron esas políticas. Algunas de las principales recomendaciones del BEPS se incorporaron a la Ley sobre el Impuesto de Sociedades de 2014 en España (Ley 27/2014) y otras normativas complementarias.
Al margen de las valoraciones morales, la diferencia con el pasado la marca la tendencia de que los paraísos fiscales de toda la vida están desapareciendo en su sentido tradicional.
¿Qué está ocurriendo con la globalización?
Con esas garantías jurídicas, ya en un entorno de mercado eminentemente global, las organizaciones tienen más facilidades para situar sus beneficios allá donde quieran, en función de sus objetivos. Al margen de las valoraciones morales, la diferencia con el pasado la marca la tendencia de que los paraísos fiscales de toda la vida están desapareciendo en su sentido tradicional, si bien seguirán apareciendo lugares con baja tributación con carácter oficial que supongan una compensación a posibles perjuicios para las marcas que se instalen allí.
En los últimos años se ha visto que Irlanda ha hecho un gran esfuerzo por atraer empresas a cambio de rebajar su factura fiscal. Por otro lado, las últimas medidas de la Administración Trump han hecho que Estados Unidos se haya convertido en un país de baja tributación relativa y amable para hacer negocios. Incluso ciertas entidades territoriales españolas, como la Comunidad Autónoma de Madrid, han rebajado su presión fiscal con bonificaciones y deducciones muy suculentas para ubicar empresas o fijar la residencia de personas.
Con esta tendencia, podemos esperar ver que, en los próximos años, “paraísos fiscales que figuran en listas negras” sigan los ejemplos de Irlanda y Madrid y hagan un ejercicio de transparencia. Deberán firmar convenios con el resto de los países, facilitar información y colaborar con las instituciones. Sin embargo, este proceso lleva su tiempo, como muestra claramente el caso de Suiza, que durante el período 2016-2017 decidió eliminar el secreto bancario, aunque el nuevo sistema no alcanzará unas tasas elevadas de eficiencia hasta 2020.
Por consiguiente, las empresas deben asumir esta realidad en su próxima planificación fiscal. Dirigir su fiscalidad hacia regiones con baja tributación y no hacia paraísos fiscales les evitará riesgos penales y reputacionales. Esto hace referencia a una reacción inevitable, ya que aquellas que sigan cayendo en la tentación de cotizar en el Jardín del Edén Fiscal serán juzgadas duramente por los consumidores de hoy.
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